POR CRISTHIAN JIMENEZ.- Con la elección de Pablo Ulloa como Defensor del Pueblo se fortalece un ciclo institucional que pone fin a la repartición partidaria de los miembros de las altas cortes y órganos constitucionales.
No es Ulloa per se, es la Constitución y las leyes que votan nuestros representantes (casi siempre sin consultarnos) las que se reafirman.
La vieja política quiso imponer nuevamente el camino de los amarres partidarios y los complementos de acuerdos electorales para burlar las funciones del órgano de defensa de los derechos fundamentales.
La participación oportuna de actores civiles y de medios de comunicación en el reclamo de respeto a la legislación vigente fue elemento fundamental en la jornada institucional.
También el ejercicio ciudadano, persistente en el reclamo de transparencia y la denuncia de cada escaramuza politiquera.
La comisión evaluadora de los diputados violó las propias normas que creó para el proceso de elección de los candidatos que presentaría al pleno y fueron necesarios algunos remiendos.
La consistencia de Ulloa exasperó a adversarios y conspiradores: mayor puntuación, pero exclusión inicial en lista postulados; aceptar de colorearan su cara y un disparo final de un francotirador impensado, concentrado venenoso de la mayor perversidad.
Más entrevistas y devoluciones y aplazamientos en el Senado, que generaron preocupaciones e incertidumbres hasta la selección de Ulloa el miércoles último con la sola queja de Fuerza del Pueblo, que insistió con Henry Merán, miembro de la dirección política de ese partido.
Fidel Santana, que se afirmaba era beneficiario de un compromiso electoral con el Partido Revolucionario Moderno complicó su causa al no alcanzar el puntaje necesario para estar en la terna y nunca fue creíble su argumento de que “ya no era político”.
El presidente Luis Abinader desde la campaña electoral se pronunció en contra de que dirigentes partidarios ocuparan posiciones en las altas cortes y órganos constitucionales y se distanció de los falsos consensos que buscaban distribución de cargos.
El mandatario fue puesto a prueba con la elección de la Junta Central Electoral, al ser desafiado por el dirigente perremeista Eddy Olivares, que procuraba la presidencia de la entidad. El político, cercano a Hipólito Mejía logró cierto apoyo partidario y congresual, pero Abinader reafirmó su postura.
Con la selección de la Cámara de Cuentas, el mandatario reiteró su criterio, pese a que Fuerza del Pueblo y Alianza País presionaron filtrar algunos de sus miembros. Más disgustos.
La historia se repitió al completarse la matrícula del Tribunal Constitucional y se supo que, en la primera sesión del Consejo Nacional de la Magistratura, para iniciar el proceso de seleccionar nuevos miembros del Tribunal Superior Electoral, Abinader envió el mensaje de que mantendría su postura. En el tema del Defensor del Pueblo, el mandatario se mantuvo fiel a la visión de que los partidos no secuestren los órganos constitucionales, esto a riesgo de la propia “tranquilidad” de la administración, con un primer escalón el mismo 16 de agosto al designar una procuradora general independiente.
Ulloa, desconocido por Abinader y los congresistas, hizo llegar abundante y convincente información sobre sus condiciones profesionales y morales, tiene un tremendo reto ante el país y una enorme oportunidad para educar sobre las bondades del Defensor del Pueblo y demostrar con su trabajo que se trata de un instrumento eficiente de la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Pasos institucionales trascendentes que fortalecen el Estado Social y Democrático de Derecho.
Y después de todo, los dirigentes de los partidos tienen más 600 mil puestos que pueden ocupar en la administración pública.
Pueriles los argumentos para engullirse los pocos cargos restringidos.
